la ola represiva en Cuba no se detiene a pesar de «la compleja situación del país» que el propio régimen castrista admite y que ha llevado a reducir la agenda de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral) y hasta el Congreso del Partido Comunista de Cuba, el único legal en la isla.
En noviembre de 2025, la lista oficial de Prisoners Defenders ha aumentado con la inclusión de 19 nuevos presos políticos para un total de 1.192 prisioneros políticos, «una actualización que confirma que la represión en Cuba sigue en aumento como mecanismo sostenido del régimen para ocultar el océano de crisis política, social, sanitaria, y la desesperación de la ciudadanía, y que reprime cualquier expresión de malestar social, crítica pública o ejercicio pacífico de derechos».
De acuerdo con esta organización de defensa de derechos humanos, «estas nuevas altas [inclusiones en el listado] muestran que el número de presos políticos en Cuba continúa en ascenso en aras a reforzar la operativa estatal de intimidación y castigo a toda forma de queja o desahogo de la población como única herramienta que le queda al régimen para permanecer en el poder».
El informe de noviembre de ‘Prisioneros Políticos en Cuba’ elaborado por Prisoner Defenders, documenta individualmente cada nuevo caso detallando las circunstancias de su detención y analizando la evolución de esta funesta lista que se puede consultar en este enlace.
El informe mensual hace énfasis en los menores de edad detenidos por el régimen por motivos políticos señalando que «de los 33 menores que figuran en la lista actual de prisioneros por motivos de conciencia en Cuba, diez siguen cumpliendo condenas en prisiones del país, mientras que 23 mantienen sus condenas y han sido excarcelados bajo operativo policial de seguimiento, vigilancia, amenazas y limitaciones incompatibles con su situación penal, bajo la amenaza permanente de volver a prisión».
«La información actualizada correspondiente a los menores de edad detenidos por motivos políticos en Cuba revela un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos de la infancia, al debido proceso y a las normas internacionales de justicia juvenil. Los casos documentados muestran que el Estado cubano continúa aplicando penas desproporcionadas y criminalizando el ejercicio de derechos fundamentales, aun cuando se trata de menores sin antecedentes delictivos y sin participación demostrada en actos violentos» denuncia Prisoner Defenders.
El texto es categórico en afirmar que «todos los menores, tanto quienes permanecen en prisión como aquellos ya excarcelados, fueron condenados exclusivamente por motivaciones ideológicas y de conciencia, sin haber cometido hechos delictivos o violentos reales».
En otro acápite del informe se detalla que dentro de esta cifra general, el grupo más numeroso y significativo lo constituyen los encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021. En total, 743 cubanos son prisioneros políticos del 11J: 409 continúan en prisión como «Convictos de Conciencia», y 334 cumplen condenas con restricciones de libertad bajo amenazas («Condenados de Conciencia»).
Finalmente, Prisoner Defenders expone la situación de la mujeres en las cárceles de la dictadura comunista señalando que en total, el país registra 126 mujeres en prisión política, de las cuales 46 continúan encarceladas y 80 cumplen sanciones bajo limitación de libertad, ya sea en régimen de reclusión domiciliaria, trabajos correccionales u otras medidas restrictivas, todas bajo amenazas.
«13 de estas mujeres permanecen en prisión por causas directamente relacionadas con las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), lo que evidencia el alto peso que este evento ha tenido en la persecución de mujeres activistas, ciudadanas y líderes comunitarias» concluye el informe que se puede consultar de forma íntegra en este enlace.